Un total de 80 colectivos de búsqueda, 143 familiares de personas desaparecidas y 36 organizaciones civiles expresaron su beneplácito ante el reconocimiento del Gobierno de México de que las desapariciones vinculadas con el crimen organizado constituyen desapariciones forzadas, pero manifestaron su rechazo a otros aspectos del comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el pasado 23 de octubre.
En su pronunciamiento, las agrupaciones destacaron como positivo que la SRE admita expresamente que las desapariciones cometidas por actores no estatales pueden ser consideradas forzadas cuando existe autorización, apoyo o aquiescencia del Estado.
Señalaron que este reconocimiento, representa un cambio importante respecto de posturas anteriores, en las que se negaba la posible vinculación del Estado con este tipo de crímenes.
Sin embargo, los firmantes criticaron el uso del término “combate” en el comunicado oficial, al considerar que refleja una visión militarista inapropiada para abordar la prevención, investigación y sanción de las desapariciones.
Afirmaron que el lenguaje bélico ha distorsionado la concepción de la seguridad pública en el país y contribuye a la persistencia del modelo militar en tareas civiles.
Las organizaciones recordaron que, pese a las afirmaciones del gobierno sobre una política de Estado para enfrentar el problema, las desapariciones continúan en aumento, registrándose más de 40 casos por día durante el primer año de la actual administración federal.
Asimismo, calificaron como falsa la idea de que existe un “combate” eficaz a la impunidad, señalando que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) ha descrito la situación en México como de impunidad “casi absoluta”. De acuerdo con sus datos, solo se han dictado 373 sentencias condenatorias por desaparición forzada o cometida por particulares entre 2017 y enero de 2025, frente a más de 133 mil personas desaparecidas oficialmente reconocidas.
El pronunciamiento también cuestiona que la SRE haya calificado como “carentes de sustento” las observaciones del CED al activar el artículo 34 de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas.
“La evidencia empírica contradice esa negación”, sostuvieron, advirtiendo que negar el problema impide generar soluciones reales.
Finalmente, los colectivos llamaron al Gobierno Federal a dejar de confrontar y descalificar al CED, y en su lugar, colaborar de manera constructiva con los organismos internacionales para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas y sus familias.
“Esperamos que este reconocimiento no quede solo en palabras y que marque el inicio de un cambio real en la política pública frente a las desapariciones en México”, concluyeron.
