Ciudad de México.- “No puede ser posible que los delincuentes estén mejor armados que las policías municipales”, ese fue el reclamo de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el sábado 1 de noviembre.
El hombre que gobernó al municipio durante 14 meses hizo una petición: que le entregarán metralletas FN-Minimi para “igualar la capacidad de fuego utilizado por el crimen organizado”.
La petición del político que encabezaba el movimiento de “Los del Sombrero” era solo un reflejo de las condiciones en las que los municipios enfrentan al crimen en el país: déficit de policías, falta de recursos y armamento superado por la capacidad de fuego que tiene organizaciones criminales.
Expertos consultados por Expansión Política explican que a pesar de ser las del primer contacto con los ciudadanos, las policías locales están en el abandono, el cual se agravó con el proceso de militarización de la seguridad pública que vive México desde 2006.
" En materia de presupuesto a la Guardia Nacional y a la Sedena se le ha dado la mayor parte del presupuesto en seguridad dejando descubiertas a las policías", afirma Asael Nuche, investigador de la organización Causa en Común.
Pocos o ninguno en la mayoría de los municipios
En el país, más de la mitad de los municipios no cuentan con los policías necesarios para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y algunos, incluso, no cuentan ni siquiera con policía propia.
De acuerdo con el INEGI, hasta 2020 (último dato disponible), 1,223 municipios (51.6%) tenían una tasa de 0 a 1.7 policías cuando la recomendación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) es de mínimo 1.8.
Solo 685 (29%) municipios tenían entre1.8 y 3.6 policías por cada 1 mil habitantes superando el promedio que establece el Modelo Óptimo de la Función Policial y 462 (19.5%) tienen entre 3.7 y 141.1.
A cargo del SESNSP, el Modelo Óptimo permite a las entidades diagnosticar a sus policías locales y realizar recomendaciones para mejorar las condiciones de seguridad de su población.
Además, hay otros municipios que no cuentan con ningún cuerpo de seguridad pública: 650 municipios no cuentan con una fuerza municipal propia; es decir, el 4% de los mexicanos vive en poblaciones sin policías.
Uruapan, donde gobernaba Manzo por ejemplo, tenía un déficit de 50% en policías. Para encargarse de la seguridad de sus 356,786 habitantes, ese municipio tiene 350 elementos de los 643 que debería tener, de acuerdo con estándares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ese municipio, en el que el 82.6% de sus habitantes lo perciben como inseguro, operan cárteles como el Jalisco Nueva Generación y La Nueva Familia Michoacana, ambos designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras por el gobierno de Estados Unidos.
El investigador de la organización Causa en Común explica que las policías en el país no solo enfrentan déficit de personal, muchas de ellas operan sin cumplir con lo que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Nacional del Uso de la Fuerza.
Por ejemplo, son formados en espacios sin infraestructura, ya en operación no cuentan con buenos salarios, pero tampoco han acreditado los controles de confianza ni tienen protocolos de alerta temprana ante un posible vínculo de oficial con el crimen.
" Difícilmente lo van a lograr si no atienden todas estas deficiencias o vamos a tener 25% más policías que no saben disparar, que no cuentan con protocolos, que no atienden las evaluaciones que establece la ley y que actúan pues sin control”, plantea.
" Las policías, por supuesto que están en el abandono, por supuesto que requieren recursos para progresar, para fortalecerse, sobre todo, si es que pretenden que crezcan en 25% el estado de fuerza para el 2029".
El crimen con más poder de fuego
El déficit de personal no es el único reto que enfrentan las corporaciones municipales o estatales, también operan sin el equipamiento necesario a pesar de que tienen que enfrentar desde robos hasta actividades de organizaciones que tienen en su poder armas de alto calibre como barrets.
El exalcalde Manzo criticó el poderío que tienen en sus manos integrantes del crimen organizado. “En un país como México, lo único que refleja es un Estado fallido y que se le da ventajas a la delincuencia para que actúen en contra de la gente que quiere hacer bien su trabajo y en contra de la ciudadanía”, dijo el 7 de octubre pasado.
El gobierno de México ha reconocido que las armas empoderan al crimen organizado. Más del 70% de ellas proceden de Estados Unidos.
En manos del crimen hay barrets, amatrelladoras, fusiles de asalto AK47 y R15, granadas y pistolas 9 milímetros y más. Mientras que las policías en México suelen enfrentar al crimen con armas semiautomáticas .45 o 9mm de uso exclusivo del ejército y escopetas.
" Si se les otorgan equipo con blindaje antibalas, no todo este equipo soporta el calibre del armamento que posee la delincuencia organizada como el barret o como el cuerno de chivo, porque son blindajes nivel tres, para eso se requieren blindajes nivel cuatro o nivel cinco”, añade Asael Nuche.
La falta de equipamiento tiene su explicación en falta de recursos con los que operan las policías, lo que incluso, les lleva a poner de su sueldo para adquirir chalecos, uniformes, e incluso gasolina para realizar recorridos.
" En entrevistas con policías nos decían que no les alcanza ni para la gasolina o que tienen que ahorrar en el recorrido con sus patrullas para poder usar el combustible cuando hay persecuciones. Así de grave es la situación. Incluso hay policías que huachicolean”, dice el experto de Causa en Común.
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos señaló recientemente en un comunicado que trabaja “en estrecha colaboración con socios de las fuerzas del orden nacionales e internacionales para combatir el tráfico ilegal de armas de fuego”.
La agencia detalló que los cárteles utilizan una amplia gama de armas, entre ellas el rifle semiautomático Barrett M82 calibre .50, un arma diseñada para perforar vehículos ligeros y posiciones fortificadas.
Con los presupuestos que tienen no les alcanza
De acuerdo con un análisis de Jorge Cano, de México Evalúa, en 2014, los gobiernos locales recibieron de la Federación 18 mil 500 millones de pesos, sin embargo para 2026 el panorama se ve es muy distinto porque los subsidios federales en seguridad y prevención tendrán 2 mil 100 millones de pesos.
" Estamos ante una caída del 88% respecto a 2014. Son 16 mil 400 millones de pesos menos en un contexto de violencia persistente y crecientes demandas sociales", señaló el experto.
🛡️💰Aunque las policías locales son las principales líneas de defensa en los territorios, para 2026 el dinero que el gobierno dará a los municipios y estados para fortalecer a estos cuerpos de seguridad es limitado, por lo que sería recomendable reforzar estos programas.
🔴Es… pic.twitter.com/i6eKQape2A — México Evalúa (@mexevalua) October 10, 2025
El experto detalló que en 2014, los fondos se distribuían a los gobiernos locales a través de tres programas: el Subsidio a la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), que apoyaba a más de 280 municipios con capacitación, equipamiento y profesionalización policial; el Subsidio para la Policía Acreditable, que impulsaba la creación del mando único en los estados; y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred), enfocado en atender factores de riesgo en comunidades vulnerables.
Pero fueron desplazados o sustituidos por otros, por ejemplo el Subsemun fue reemplazado en 2016 por el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), que si bien apoyaba a unos 300 municipios, lo hacía con un presupuesto menor, explicó el especialista. En tanto que en 2021, el Fortaseg fue extinguido, lo que dejó a los municipios sin apoyos federales directos durante dos años hasta que surgió en 2023 el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (Fofisp).
Este fondo, a diferencia de sus predecesores, que focalizaban recursos en los municipios con mayor incidencia delictiva, distribuye los apoyos entre los 2 mil 478 municipios del país, según su número de habitantes. "El problema es evidente: con un presupuesto de apenas 1.2 mil millones de pesos en 2026, los recursos se diluyen al grado de perder capacidad real de transformación", detalló.
" Las policías, por supuesto que están en el abandono, por supuesto que requieren recursos para progresar, para fortalecerse, sobre todo, si es que pretenden que crezcan en 25% el estado de fuerza para el 2029".
Crisis de seguridad sin recursos
En medio de la crisis de seguridad que vive el país, la Cámara de Diputados no aceptó aumentar los recursos para fortalecer las capacidades de los municipios, tampoco hubo incremento pues fue ínfimo, aunque en la tribuna todas las bancadas respaldaron la lucha contra el crimen de edil, Carlos Manzo.
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), destinado a cumplir estrategias nacionales en materia de seguridad pública, políticas de prevención social de la violencia, certificación y equipamiento policial, desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de delitos, quedó prácticamente igual que este año.
En 2025 se dispusieron 9 mil 565 millones de pesos y para 2026 se autorizaron 9,951 millones de pesos. El aumento, de 386 millones, es apenas de 3.8 %, por lo que con la inflación esperada –de 3% en 2026– prácticamente será el mismo gasto en términos reales.
En cambio, para 2026 la Secretaría de Hacienda remitió a la Cámara de Diputados un Proyecto de Presupuesto con una reingeniería programática para pasar de 893 programas presupuestarios a 546, en los que la Seguridad y Defensa Nacional fueron afectados.
En el proyecto y en el PEF aprobado, la Cámara de Diputados autorizó para el Ramo 07, Defensa Nacional, un crecimiento real del 17.2%, sin embargo el Ramo 36 Seguridad y Protección Ciudadana, se redujo 17.5%. Eso se debió a que la operación de la Guardia Nacional se trasladó del Ramo 36 al 07 con una nueva denominación: Servicios de Operación para la Prevención e Investigación y Persecución de Delitos.
Así, aunque aparentemente se incrementó el presupuesto en Defensa Nacional, a cargo de tareas de seguridad vía la GN, para ésta destinó 16 mil millones de pesos, siendo que en el año en curso, presupuestada fuera de Sedena, tuvo 20 mil 205 millones de pesos. Es decir, se recortaron los recursos a esa institución a la que se ha encargado la tarea de garantizar la seguridad en el país.
En el debate los grupos parlamentarios de oposición hicieron notar esa incongruencia. Y la de no aumentar recursos a los municipios, pese al asesinato de alcaldes, como Manzo.
Con información de Carina García para Expansión Política
