Ciudad de México.- Empresas privadas ligadas al contrabando, funcionarios aduaneros y un Almirante retirado están en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) por la falsificación de documentos oficiales en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que habrían servido para liberar ilegalmente cargamentos incautados.
El Ministerio Público Federal abrió una carpeta de investigación penal para indagar sobornos de empresas textiles para liberar mercancía de ese tipo proveniente de China embargada por irregularidades fiscales.
De acuerdo con una investigación de El Universal, funcionarios de la ANAM, en complicidad con agentes aduanales, falsificaron documentos oficiales para liberar 33 contenedores con mercancía ilegal decomisada en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con un valor estimado de 500 millones de pesos.
La mercancía proveniente de China —principalmente calzado y textiles— había sido incautada entre el 13 y el 24 de agosto, cuando la ANAM decomisó 123 contenedores con productos ilegales con valor superior a los mil 224 millones de pesos.
Funcionarios de la aduana y agentes aduanales falsificaron un oficio de devolución para beneficiar a seis empresas mexicanas: Altec Manufacturas, Alista Imports, Lam Business, Ensenada Textiles, Textiles Gael y ATMpacks. Estas compañías lograron recuperar de forma irregular los 33 contenedores.
Las autoridades de la ANAM reconocieron el fraude y señalaron que los servidores públicos involucrados ya fueron dados de baja y puestos a disposición del Ministerio Público, sin revelar identidades ni número de implicados, argumentando la secrecía de la investigación.
El titular de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo, afirmó que la agencia actuó de inmediato y canceló el oficio fraudulento. “Tenemos identificado este fraude y ya se actuó”, declaró al asegurar que se investiga a los responsables.
En paralelo, el SAT informó que reforzará la cadena de custodia de las mercancías incautadas y revisará los sistemas digitales de control para prevenir irregularidades.
La Marina, que desde 2021 mantiene el control operativo de los puertos, desplegó a su Unidad de Inteligencia Naval para rastrear posibles vínculos con redes criminales dedicadas al contrabando asiático.
El operativo busca identificar si existió complicidad directa de mandos portuarios con las empresas privadas involucradas.
Alejandro Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera, señaló que las empresas involucradas están identificadas como algunas de las mayores contrabandistas de productos chinos. Añadió que se encuentran en proceso para ser dadas de baja del padrón de importadores.
Según Márquez Hernández, el oficio apócrifo fue elaborado por el entonces director general de Operación Aduanera, el almirante retirado Felipe Solano Armenta, quien actualmente se desempeña como director de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en el puerto de Progreso, Yucatán.
Solano Armenta fue comandante de la 13a. Zona Naval y es padre de José Alberto Solano Claustro, actual titular de la Capitanía Regional de Puertos, quien fue transferido recientemente a otra área.
De los 33 contenedores liberados, 20 pertenecen a Altec Manufacturas, uno a Alista Imports, uno a Lam Business, tres a Ensenada Textiles, cuatro a Textiles Gael y otros cuatro a ATMpacks.
El valor exacto de la mercancía devuelta no ha sido confirmado, pero se estima que representa más de una cuarta parte del cargamento decomisado en agosto, equivalente a unos 500 millones de pesos.
Los puertos mexicanos han sido señalados como focos rojos por el ingreso de combustible robado, textiles y electrónicos de procedencia china, así como de precursores químicos para drogas sintéticas.
El puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, ha sido reiteradamente identificado como uno de los principales puntos de entrada de este tipo de mercancías, además de Manzanillo, en Colima.
Incluso, la ANAM ha encontrado empresas que declaran telas o materias primas en sus contenedores, pero al abrirlos encuentran refrigeradores y juguetes con pagos de hasta seis a 500 pesos de impuestos.
Autoridades indicaron que se lleva a cabo una indagatoria que abarca al personal que ha permitido estas operaciones.
Con información de Agencia Reforma
