Si usted votó en Coahuila en la reciente elección judicial concurrente, y entre las múltiples papeletas estatales y federales tuvo tino y juicio para elegir con conocimiento de causa magistrados electorales de la Sala Regional Monterrey, y una de las opciones marcadas en la boleta fue Madeleyne Ivett Figueroa Gámez, sepa que su voto vale hoy menos que nunca.
Dicho de otra forma: usted no decidió nada pese a que su opinión fue mayoritaria.
Eso que llamamos democracia, imperfecta, aunque socialmente aceptada como método válido para darnos autoridades de forma periódica, dejó de significar lo que todavía –por costumbre– se cree representa.
Ayer se cumplió un año del hito consumado el 1 de septiembre de 2024, al mutar (muy distinto a transformarse) el sistema político nacional y establecerse un régimen. Antes de la fecha señalada, las elecciones no se ganaban en las campañas, sino en la operación el día de la jornada electoral. Ahora, sin embargo, ya no se ganan en la jornada electoral, sino se arrebatan en la siguiente etapa del proceso: la judicial.
Acaba de suceder el pasado jueves en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a propósito del caso relatado al inicio.
Ante un resultado en donde dos de tres magistraturas en la Sala Regional Monterrey iban a ser ocupadas legítimamente (dentro de un proceso deslegitimado de origen, justo es decirlo) por funcionarios electorales que se desempeñan en Coahuila, lo cual en un contexto de correlación de fuerzas podía interpretarse como una victoria para la operación política del estado que logró imponer a dos de los “suyos” por encima de otras seis entidades que tuvieron oportunidad para hacer lo propio (si bien los candidatos no fungen como personeros de nadie, en teoría), el árbitro sacudió la mesa para cambiar la integración por sí convenir a sus intereses.
Alguien vio un “área de oportunidad” (por decirlo eufemísticamente) para intervenir y, mediante la ponencia de Felipe de la Mata como ejecutor, extirpar quirúrgicamente a la coahuilense que había logrado esa posición: la diferencia tan cerrada; 2 mil 848 votos entre ella y su más cercana competidora (la resta entre 577 mil 451 y 574 mil 603). Ese .5% resultó muy apetecible para incidir.
Se trató, sin rubor alguno, de una operación para anular casillas y reconfigurar los resultados como consecuencia, de tal forma que cambiase de persona la constancia de mayoría.
De 16 mil 900 casillas computadas en la circunscripción dos, misma que abarca los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas pero también Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, un total de 202 fueron anuladas (la mayoría por “error y dolo en el cómputo de los votos”). Estadísticamente sólo el 1.2%. Inocuo, aparentemente. Pero el daño fue mayúsculo. Calculado. Suficiente para mover el tapete y lograr que cayera.
Madeleyne obtuvo 242 mil 352 votos en Coahuila. Es decir, el 42% del total. Claramente hubo una apuesta por ella.
Precisamente ahí, y en San Luis Potosí, le fueron anulados 14 mil 290 votos, mientras que sólo 7 mil 283 a su adversaria.
Nadie, entre los 19 aspirantes hombres y mujeres, recibió más anulaciones que ella. Y casualmente, con esa recomposición del cómputo, terminó 4 mil 159 votos por debajo de quien aventajaba. Hubo entonces un sorpasso.
Cortita y al pie
Antes incluso de la jornada para elegir jueces, magistrados y ministros, ya teníamos un Tribunal Electoral compuesto por cinco magistrados, de los cuales una triada conformada por la Presidenta que llegó por albazo y golpismo en diciembre de 2023, y los dos “Felipes”, De la Mata y Fuentes, deliberan ya sin ningún tipo de rubor en contradicción a las sentencias que previamente habían resuelto en el pasado. No se trata de casos aislados, sino denominador común. No importan los precedentes ni la congruencia.
Los otros dos (Reyes Rodríguez y Janine Otálora) conservan el honor. El resto hace política. Cálculos envueltos en papel de sentencias jurisdiccionales.
Ejemplo de lo anterior es el expediente SUP-JIN-142/2025, del 28 de agosto. Los tres mencionados a favor de imponer una magistrada afín al régimen, proveniente de las listas del Poder Ejecutivo, en lugar de la coahuilense.
La última y nos vamos
Por lo demás, quizá lo más infamante del caso sea que, en los hechos, el Tribunal Electoral aplicó un voto ponderado, es decir, aquel que vale más que otros, basado en argumentos kafkianos (tan irrisorios como aquellos para desestimar los acordeones como instrumento de coacción al voto), como una supuesta paridad y ponderación por estado (dentro de la circunscripción electoral que comprende la Sala Regional Monterrey), inexistente dentro del catálogo de paridades que paulatinamente han sido agregadas a la legislación electoral. Ojo con eso.
