La marea verde se acerca a Durango, ya que el Estado se encuentra al borde de un cambio histórico en materia de derechos reproductivos. Un reciente fallo del Tribunal Colegiado ha ordenado al Congreso del Estado de Durango derogar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal, que criminalizan el aborto autoprocurado y consentido.
Esta resolución, producto de un amparo promovido por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Si Hay Mujeres en Durango y Redefine Durango, representa un avance significativo para la entidad.
Jennifer de la Torre, feminista y activista de Redefine Durango, subraya la trayectoria de lucha que precede a esta decisión, dejando claro que la búsqueda por la despenalización y la garantía del aborto en los sistemas de salud ha sido una demanda constante de diversas organizaciones.
"Toda la lucha empieza desde años atrás con diferentes organizaciones ya de muchos años. Sin embargo, de forma muy reciente de cinco años para acá, desde el 2020 cuando fue la pandemia, se empezó a recolectar firmas para crear la primera iniciativa ciudadana, misma que se recaudaron las firmas y en septiembre del 2021 se entregaron al Congreso del Estado de Durango. En 2022 en septiembre también fue rechazada y votada en contra por las y los diputados. Y un año después, a través de GIRE, que es una organización a nivel nacional que se encarga también de documentar y litigar casos a nivel nacional y apoyo jurídico, junto con Si Hay Mujeres en Durango, que es una organización estatal y Redefine Durango, interpusimos un amparo justo para declarar inconstitucional los artículos del Código Penal donde penalizan el tema del aborto”.
El dictamen judicial no es una sugerencia, sino una instrucción directa y vinculante para el poder legislativo local. Se espera que el Congreso acate la orden antes de que concluya el 2025. De la Torre enfatiza la obligatoriedad de esta resolución.
"Fue la resolución en donde justamente el Tribunal Colegiado ordena al Congreso del Estado a modificar esos artículos. Con esto, pues sí, es un avance y no solo eso, sino que ya es una orden, un ordenamiento jurídico dictado al Congreso del Estado. Es decir, tienen que hacerlo y tienen que acatar".
Este logro posicionaría a Durango en el décimo lugar entre los Estados del país que han despenalizado el aborto a través de litigios estratégicos, y en el número 25 a nivel nacional considerando las voluntades legislativas y de gobierno.
A pesar de este gran paso, la activista insiste en que la despenalización es solo una parte del camino. El verdadero objetivo es la garantía del acceso a servicios de aborto seguros.
"Despenalizar el aborto, aunque sea esto un gran avance, no es la panacea ni la meta máxima, porque después de eso se tiene que justamente que garantizar y esta es la diferencia entre despenalizar y garantizar el acceso al aborto. a través del sistema de salud dar acceso para que las mujeres puedan acceder a un aborto seguro solamente le quita la pena."
El siguiente desafío será asegurar que las instituciones de salud, como el IMSS, el ISSSTE y loa Hospitales Generales, brinden el servicio de aborto de manera efectiva, sin excusas basadas en códigos penales estatales próximos a derogarse.
En cuanto a la recepción social, Jennifer de la Torre percibe un ambiente favorable en Durango. Tras el anuncio, la reacción en medios y redes sociales fue mayormente positiva, lo que sugiere que el debate sobre la despenalización ya está maduro en la sociedad duranguense.
"Nosotras veíamos justamente en el aspecto social que fue muy, muy bien recibido por la comunidad y por la sociedad en general. A través de la reacción en los comentarios, que claro que había comentarios en contra, pero eran mínimos. Entonces, esto ya es un parámetro para nosotros porque es algo que está muy socializado en el estado Durango. Cuando nosotras promovimos el tema de la iniciativa popular, que fue el primer mecanismo que se usa desde la ciudadanía como una iniciativa presentada, pues se socializó mucho el tema."
La activista también manifestó su frustración por la constante lentitud de Durango en la adopción de derechos humanos, una situación recurrente en la entidad. De la Torre señaló que, históricamente, los avances en Durango no se deben a la voluntad o conciencia de los legisladores, sino a la insistencia de la sociedad civil organizada. Calificó esta situación como una "discriminación jurídica" por estado, aludiendo a cómo las mujeres en Durango tienen menos derechos que las de otras entidades donde estos ya están reconocidos.
De la Torre hace un llamado a la sociedad para entender la progresión de los derechos humanos y la importancia de no limitar las libertades de otros por convicciones personales.
"Que sigamos pendientes y que ojalá todas las personas que escuchen esta entrevista, podemos entender que la sociedad va avanzando y que justamente nosotros tenemos que ir avanzando con la sociedad y con la garantía de estos derechos humanos que al final de cuentas no es más que, como lo dice, universales, progresivos... La palabra progresivos y que tenemos que ir adaptándonos, no quiere decir que todas las personas que escuchen esta entrevista están a favor del tema, porque entiendo que es un tema muy cuestionable para la ética de diferentes personas. Sin embargo, justamente podemos pensar que este no se limita por mi criterio el derecho a otras personas. Somos libres de tener un criterio propio, pero no somos libres de quitar, ocupar el derecho a otras personas que piensan diferente a mi”.
Este fallo no solo significa un avance legal, sino que también refleja la persistencia de la sociedad civil en la búsqueda de una justicia reproductiva plena para todas las personas gestantes en Durango.
