Llamativo fue para los cuatro lectores habituales que somos del Periódico Oficial del Estado, la aparición por dos veces consecutivas en sus ediciones de un ¿edicto de notificación?, ¿aviso parroquial?, ¿quemón a secas? hacia la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Vanessa Flores, los días 28 y 31 de octubre.
En la publicación, identificada como expediente DS.A-001/2025, un ente público que se identifica como “autoridad substanciadora”, identificado como Alejandro García Izquierdo, nombre del funcionario Director de Substanciación “A” que firma el despacho del oficio, emplazan a la citada exedil de la Región Carbonífera para comparecer personalmente en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, en Saltillo, y declarar (verbalmente o por escrito) lo que a su derecho convenga –como suelen decir los abogados– en torno a una supuesta “falta administrativa grave”, señalada como “abuso de funciones”, el 27 de noviembre a las 14:00 horas.
De entrada, una pregunta: ¿Desconocían su domicilio particular para informarle ahí? Sin que se interprete lo siguiente como una defensa de la implicada, deberá ésta acudir a ciegas a la cita, pues no podrá conocer de qué se le señala sino hasta horas o minutos antes de dicha audiencia inicial del procedimiento, momento en que será puesto a su disposición el expediente completo (o lo que quieran enseñarle, pues).
Hasta aquí todo medianamente bien. Pero si usted es observador verá que, a punto de concluir el 2025, se trata, de acuerdo con el número de folio del expediente mencionado al inicio del texto, es decir, el “001”, del primer caso (¿y único?) a desarrollar por la autoridad auditora del estado en todo el ejercicio fiscal.
Surge entonces un cuestionamiento: ¿De verdad no hay más exservidores procesados a escasos 48 días de terminar el año, ya no digamos del pasado remoto (pienso, por ejemplo, en los Moreira de los 2000) sino del mismo trienio 2022-2024?
¿Acaso todo se borra con el paso del tiempo y una vez concluyen las administraciones –parafraseando a Borges– “ya somos el olvido que seremos”?
Sin alentar el estado policial y represivo, ¿de qué sirve la Auditoría Superior del Estado si nadie acaba resarciendo el daño patrimonial causado por su actuación ni cumpliendo penas corporales?
Si a esas vamos, justo es decirlo, las presuntas tropelías cometidas por la expresidenta municipal emanada de Morena no asemejan en cuantía, ni remotamente, aquellas documentadas en la gestión de Román Alberto Cepeda en Torreón en el mismo periodo, estimadas grosso modo según lo verificado en investigaciones publicadas en este mismo espacio, en 500 millones de pesos.
Claro está: el valor de unas no supone que otras deban ser perdonadas o minimizadas. Lo interesante, sin embargo, radica en la prioridad. ¿Por qué a ella sí la empapelan, y a otros –el que usted me diga– no?
No se vaya por el tema de la violencia política en razón de género; ese recurso incrustado en la legislación que se pervirtió y ya no aplica para lo que fue concebido, sino para proteger de la crítica y el escrutinio a mujeres en un cargo público pese a su notoria incapacidad o falta de probidad para este. No es por ahí.
El punto es que hubiese resultado más esperanzador desconocer el trabajo de la Auditoría Superior del Estado, y mantener una expectativa imaginaria de su actuación, que confirmar indirectamente a través de su “notificación” a Flores Guerra, que los edificios públicos y la burocracia que trabaja en ellos con organigrama y presupuesto, aparentando un estado de derecho donde existen escritorios que reciben quejas y papeleos, no existen más que para simular –nuestro verbo favorito por excelencia– una normalidad democrática.
Cortita y al pie
Por lo demás no hay antecedentes, de hecho, de notificaciones (llamémosle así, por definirlas de alguna manera) a exfuncionarios por parte de la Auditoría Superior del Estado a través del Periódico Oficial que depende de la Secretaría de Gobierno, y tiene a su titular por director, en los índices que datan de 1981 a la fecha.
El de Tania Flores es un asunto inédito y sienta un precedente, más que legal, publicitario.
La última y nos vamos
Si el sexenio estatal anterior se caracterizó por la incrustación de brazaletes electrónicos a exediles para evitar la cárcel, sin mediar publicidad de sus causas, como a Ramón Oceguera en Ramos Arizpe, a Ramiro Pérez Arciniega y Evaristo Madero en Parras de la Fuente, Gerardo García en Monclova, o Lenin Flores Lucio en Sabinas, ¿el sello del actual a partir de ahora serán simplemente los “quemones”?
