La asamblea feminista de “Mujeres que Luchan por Mujeres” celebró un “triunfo colectivo” al confirmar la aceptación formal por parte del Ayuntamiento de Torreón de la Recomendación 12/2025 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC). Este proceso, iniciado por las colectivas a principios de junio de 2024 con la presentación de una queja, avanza con el reconocimiento institucional y oficial de que agentes de seguridad violaron los derechos humanos de las participantes en la marcha conmemorativa del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, durante la concentración en la Plaza Mayor.
Las agresiones documentadas incluyeron macanazos y el uso de gas lacrimógeno, afectando a un mínimo de 32 víctimas y vulnerando principalmente su derecho a la manifestación pública y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
La Recomendación 12/2025 fue emitida por la CDHEC tras la revisión de las fotografías, videos y notas periodísticas aportadas por la asamblea, y exige al Ayuntamiento una serie de acciones ineludibles. Entre ellas destacan la investigación interna para identificar a los agentes responsables, el reconocimiento público de los hechos para restablecer la dignidad de las víctimas y, de manera crucial, la creación de un protocolo homologado de actuación en manifestaciones que debe contar con la participación activa de los colectivos de mujeres.
La notificación, dirigida a la vocera de la asamblea, Sofía Jaqueline Díaz Lozano, con fecha del 13 de octubre de 2025, establece que el municipio no solo acepta la Recomendación, sino que tiene un plazo de quince días hábiles para demostrar a la CDHEC los actos concretos y las pruebas de cumplimiento que ya ha implementado o está por implementar en cada uno de los puntos exigidos.
Este logro social se desarrolla en un contexto de fuertes controversias con la administración municipal. Recordemos que tras la emisión de la Recomendación, el alcalde Román Alberto Cepeda generó indignación al declarar públicamente que “desconocía qué era el 8M” y al minimizar el tema, lo que fue calificado por colectivas como Univioletas como una muestra de su “nulo interés” y “falta de sensibilidad”.
La polémica se agravó con la decisión del Instituto Municipal de la Mujer (IMMT) de otorgar el distintivo “Embajador Naranja” a la DSPM, la misma corporación señalada como responsable de las agresiones. Las activistas denunciaron esta acción como una paradoja inapropiada, pues se “premia” a la corporación que está obligada a capacitarse y reformarse como resultado directo de las violaciones de derechos humanos que cometió.
Pese al camino recorrido y la resistencia institucional, la asamblea de “Mujeres que Luchan por Mujeres” ha dejado claro que su labor de vigilancia es estricta, asegurando que se mantendrán vigilantes hasta garantizar el cabal y completo cumplimiento de la Recomendación 12/2025, así como las necesarias garantías de no repetición de la violencia institucional en futuras movilizaciones.
