Si un estado influye en el comportamiento cultural, social y político de Coahuila, ése es Nuevo León.
Si bien la idiosincrasia del coahuilense es más afín al sanluisino y al zacatecano que al regio, incluso al tlaxcalteca pese a ser geográficamente más lejano, el nativo local prefiere ser representado como neoleonés light, o habitante de la imaginaria Patria Norteña a secas, con los estereotipos que significa eso.
Debido a esa imitación por contagio, resulta interesante un debate que han abierto en el vecino estado semanas atrás, a propósito de la postulación exclusiva para mujeres como candidatas en la elección de Gobernador del 2027, a fin de insertar el tema en su agenda pública y desembocar por consecuencia en cambios a la ley electoral.
En Coahuila, con un Gobernador vigente en el poder por lo menos hasta 2029, ¿es momento de plantearse también el asunto?
Considero que no, pues aún queda muy lejos la fecha en el calendario; sin embargo el affaire de Nuevo León sí puede abrir un espacio para la reflexión.
De entrada, una medida así supone afectar el derecho político a ser votado para el 49% de ciudadanos empadronados en Coahuila, entre una lista nominal estimada en 2 millones 426 mil 749 personas de acuerdo con el último corte del INE.
Y supone de igual manera pasar de una elección universal, a una parcialmente realizada (aquí alguien podría cuestionar si eso no es lo que realizan los partidos políticos cotidianamente cuando nos ofrecen su menú seleccionado de antemano por ellos, sin oportunidad a opinar sobre él), bajo el argumento de tratarse de una acción afirmativa (para presuntamente asegurar una representación más equitativa) y un principio de paridad progresiva.
Asimismo, esencialmente supone una elección, no por aptitudes o méritos (aquí alguien podría cuestionar si los varones que llegan actualmente, lo hacen en realidad por estas razones), sino simplemente por nacer de un género determinado.
Lo anterior, es decir, forzar la competencia para obtener un resultado esperado, ¿se debe considerar sin cuestionamientos un avance democrático?
Definitivamente no.
Por lo demás, en cuanto a lo electoral, Coahuila se rige por otras dinámicas. La elección del Estado de México, concretamente, pues cada seis años es la única entidad con la cual se empareja y les toca cambiar de Gobernador al mismo tiempo. Ello supone administrar el género de los candidatos tomando en cuenta esa circunstancia (por lo menos hasta que no cambien las reglas del juego). Uno aquí, otro allá.
En ese sentido, el granero de votos más grande del país lleva mano y al día de hoy la 4T no tiene a otra mujer popular además de Delfina Gómez (mandataria desde 2023) para competir (más allá de haber cooptado a Alejandra del Moral).
Lo jurídico es inseparable de lo político.
Legislar el tema en lo local, antes del 31 de diciembre de 2026, implica que un Congreso del Estado con mayoría del PRI (y PAN como aliado) decida con base en sus intereses. No obstante, la última instancia en la materia la tiene un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya Sala Superior es abiertamente proclive al régimen de la 4T en una mayoría de tres a dos magistraturas por lo menos hasta el 31 de agosto de 2027, año en que se “votarán” esos espacios.
En enero de 2023, cabe señalar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la reforma electoral de Coahuila, aprobada en septiembre de 2022, la cual incluía, entre otras modificaciones a la Constitución y el Código Electoral, la obligación de postular una mujer como candidata a Gobernadora de la entidad en la elección posterior a la que hubiese sido candidato un hombre.
Así haya sido por un asunto de técnica legislativa (o de sembrar el error deliberadamente en un texto legal, según se vea, para posteriormente invocarlo y tumbar las reglas), el caso es que ya existe un precedente legal.
Y en lo partidista también hay antecedentes. El 7 de julio de 2024 el Partido Revolucionario Institucional realizó una reforma a sus Estatutos que posteriormente fue invalidada por el Consejo General del INE.
El argumento entonces fue que se realizó en un plazo prohibido. Concretamente, durante un proceso electoral ya iniciado, pese a tratarse de cuestiones de organización interna.
En las “letras chiquitas” del documento decía que las candidaturas del PRI en próximos procesos electorales corresponderían 60% a mujeres, y el restante 40% a hombres, ya que así lo “procurará” el partido (no mandatará, ojo); dicho de otra forma: un 60% de probabilidad que hubiese una mujer en Coahuila como candidata del PRI a Gobernadora.
Ya no es aplicable.
Cortita y al pie
En la praxis, la iniciativa de Nuevo León -originada en una presunta asociación civil que presentó la propuesta en el Instituto Estatal Electoral, pero con la intención de recorrer toda la ruta jurídica que sea necesaria- se interpreta como la “Ley anti Adrián” (de la Garza): con dedicatoria para el Alcalde de Monterrey y el ánimo de frenar sus aspiraciones a gobernar el estado en un contexto de alta aprobación.
O al mismo tiempo la “Ley pro Mariana” (Rodríguez, esposa del Gobernador actual, perdedora en la misma elección que convirtió a Adrián en Presidente Municipal), para impulsar (imponer, sería un verbo más adecuado) sus aspiraciones en un escenario más favorable a su causa.
La última y nos vamos
Actualmente hay 17 estados gobernados alguna vez por una mujer. Y para el definitorio 2029, salvo Chiapas, Tabasco y Jalisco, el resto de entidades podrían entonces haber experimentado ya una mujer al mando de su Poder Ejecutivo.
Pese a ello, ¿a quién conviene hoy una elección “Sólo para Mujeres” en Coahuila?
Analizado por sus aristas más relevantes, básicamente a nadie.
