Es prácticamente un hecho que Óscar Luján Fernández pasará de la Tesorería a la Contraloría Municipal. Obvio, no es premio: la idea es “mantenerlo cerquita”, “a la mano” para cuando llegue el momento de lo inevitable: dar santo y seña de los estados financieros de los primeros meses de la actual administración y del trienio pasado. No hay antecedentes de una posición más incómoda.
Su nuevo nombramiento se dará en la sesión de Cabildo del viernes, pero por lo pronto, este miércoles la comisión de la Contraloría lo votó por unanimidad.
Los más contentos
A propósito de los cambios en el gobierno municipal de Torreón, hay por lo menos tres funcionarios del primer círculo que no caben de felicidad… literalmente, no se les borra la sonrisa. La primera, lo comentamos en #PlazaMayor, es la síndica Natalia Fernández. Desde enero no pasó un día sin que la mejor intérprete de “La Querida Socia” apostara por la caída de José Ganem de la Secretaría del Ayuntamiento, y se le concedió. Otro es Ariel Martínez Mendoza, eterno aspirante al cargo que ahora ocupa Eduardo Olmos, y Víctor Navarro Arratia, director del Sistema Integral de Mantenimiento Vial, el más feliz con la salida de Óscar Luján de la Tesorería… hay pleitos que se vuelven personales y nunca se superan.
Nadie le avisó
Desde hace más de una semana se supo de los cambios que venían en el gobierno municipal, pero como en el “equipo” –¿pos cuál?– de “Robán” Alberto Cepeda se llevan muy feo, nadie le avisó a Antonio Hernández que debía desalojar la Dirección de Desarrollo Económico, en donde ahora despacha Marcelo Valdés. “Toñito” se enteró de su cese por los medios, el mismo día que tomó forma la ola de intervención estatal para poner orden en el ayuntamiento… ¡Qué bárbaros! Los malpensados, que nunca descansan, dicen que, por la depre, fue directo a renovar el outfit caro que acostumbraba… o que acostumbraba.
Las mismas mañas
Al mero estilo de la CATEM, funcionarios municipales de Torreón y representantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) aplican cobro de piso y lanzan amenazas a los habitantes de ejidos a cambio de no molestarlos por la venta de bebidas embriagantes en eventos sociales. El caso no es nuevo y apunta a la dirigente de la CNC, Britania Aguirre Chavarría, como la encargada de cobrar hasta cinco mil pesos por evento, a cambio de que la Dirección de Inspección y Verificación, a cargo de Pablo Fernández Llamas, no los moleste. La operación es similar a la del crimen organizado y los campesinos aseguran que Britania, ex funcionaria municipal cercana al alcalde Román Alberto Cepeda, tiene en el inspector Miguel Escobar, alias “El Gato”, a su brazo ejecutor. La pregunta es si Fernández no se da cuenta… o se hace el que no ve.
