La Estrategia Nacional contra la Extorsión presentada por el Gobierno Federal, representa un paso indispensable frente a un delito que afecta gravemente al sector productivo y vulnera la seguridad de millones de personas, dice la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)
Opinaron que aunque coinciden en la urgencia de esta iniciativa, advierten que para que tenga un impacto real, debe acompañarse de reformas legales profundas que garanticen su efectividad.
“Respaldamos el anuncio de la presidenta de México sobre la presentación de una iniciativa de ley en materia de extorsión para el próximo periodo ordinario. Desde septiembre de 2023 impulsamos una reforma al artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión a legislar en la materia”
Urgieron a expedir una Ley General de Extorsión que permita articular acciones federales y locales, establecer penas claras y eliminar las llamadas puertas giratorias.
“Esperamos que los primeros ocho estados donde se aplicará esta estrategia sean el punto de partida para una cobertura nacional. Los datos reflejan con contundencia la gravedad de esta problemática: en nuestro país; cada día 32.3 personas son víctimas de extorsión1 , lo que en conjunto ha generado pérdidas superiores a 26 mil millones de pesos en 20242”
Compartieron que a través de #DataCOPARMEX, el 12.8% de nuestros socios ha sido víctima de extorsión, principalmente por vía telefónica (70.5%).
“Este fenómeno impacta la toma de decisiones empresariales, el 49.5% de nuestros afiliados considera que la inseguridad es el principal obstáculo para crecer”
Para la Coparmex, la creación de Unidades Antiextorsión locales es una medida necesaria que resultará viable siempre que cuenten con personal capacitado, leyes aplicables y capacidad de respuesta inmediata.
“Asimismo, coincidimos en la importancia del uso de inteligencia y análisis criminal para desmantelar redes que operan al margen de la ley (o en contubernio con algunas autoridades), y que hoy tienen en la extorsión su principal fuente de financiamiento”
Finalmente, desde su perspectiva, es indispensable que los protocolos nacionales de atención a víctimas estén adaptados a las realidades regionales, ya que un solo modelo no basta para una nación tan diversa.
En ese sentido, en entidades donde la extorsión telefónica predomina, se deben establecer procedimientos ágiles de denuncia, asesoría y protección, mientras que en zonas rurales o regiones con prácticas como el “cobro de piso”, deben intervenir directamente las fuerzas de seguridad para proteger a las comunidades y brindar acompañamiento institucional sostenido.
“La estrategia debe prever atención especializada para víctimas de extorsión telefónica. Este tipo de delito, aunque no siempre se concreta, genera altos niveles de miedo y afecta emocionalmente a quienes lo padecen y por eso es fundamental contar con operadores del 089 capacitados en manejo de crisis, con la posibilidad de usar también canales digitales para una atención más efectiva y discreta”
