Ciudad de México.- Las millonarias transferencias que los Weinberg realizaron a Julia Elena Abdalá Lemus no corresponden a la venta del edificio ubicado en el número 40 de la calle de Leibnitz en la colonia Anzures de la Ciudad de México, como lo aseguró en su momento la empresaria y pareja del exdirector de la CFE, Manuel Bartlett.
El pasado 31 de marzo, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que los supuestos prestanombres de Genaro García Luna, Samuel Weinberg López y su hijo, Alexis Weinberg Pinto, transfirieron 4.5 millones de dólares a las cuentas de Julia Abdalá y de Roybell International Inc, una compañía offshore controlada por ella, entre julio de 2012 y mayo de 2017.
MCCI también dio a conocer que dichos depósitos estaban siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como parte de la demanda civil que el gobierno mexicano presentó en 2021 contra los Weinberg en Miami, Florida, para recuperar los fondos del erario que desviaron a través de sus compañías Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Tras la publicación, Abdalá Lemus declaró en entrevista con Ciro Gómez Leyva que las transferencias fueron el pago de los Weinberg por la venta, en mayo de 2012, de un edificio que operaba como hotel boutique en la calle de Leibnitz, en la colonia Anzures de la Ciudad de México.
Aunque Abdalá no dijo la dirección exacta del inmueble, MCCI encontró que el hotel operaba en el número 40 de Leibnitz bajo el nombre de Lumina Luxury Suites, marca que fue registrada por B White S Suite S de RL de CV, una compañía de la que Abdalá fue propietaria.
Este es el edificio que supuestamente compraron los Weinberg. La pareja de Bartlett dice que era un hotel boutique, mientras que testimonios recopilados por la periodista Peniley Ramírez aseguran que el inmueble era usado desde finales de 2011 como centro de operaciones de un “proyecto secreto” de García Luna.
MCCI obtuvo una copia del folio real del inmueble en el Registro Público de la Propiedad, donde no existe registro alguno que acredite que Julia Abdalá vendió el edificio a los Weinberg en mayo de 2012, como ella afirmó.
A través de su empresa B White S Suite, Abdalá adquirió el edificio en mayo de 2007 a un precio de 6.5 millones de pesos, como consta en el primer asiento del folio del inmueble.
El segundo asiento se registró en diciembre de 2020, ocho años después de que Abdalá supuestamente vendiera el edificio a los Weinberg, cuando se publicó un aviso preventivo de compraventa en el que figuró como adquirente la compañía I3 Bienes Raíces SAPI de CV.
En enero y febrero de 2021 se registraron, respectivamente, el tercer y cuarto asiento, donde quedó constancia que I3 Bienes Raíces compró el inmueble de Leibnitz 40 a B White S Suite por un monto de apenas 12 millones 700 mil pesos. I3 Bienes Raíces es una sociedad que, a su vez, es controlada por otras empresas vinculadas a la familia Arellano Hernández, que también ha sido señalada por la UIF de ser parte de la red de lavado de dinero de Genaro García Luna y los Weinberg.
Los documentos revelan que al momento de la venta del edificio a I3 Bienes Raíces, Julia Abdalá ya no contaba con participación accionaria en B White S Suite. La empresa tenía como accionistas a Sylvia Pinto Mazal, esposa de Samuel Weinberg, y a W3 Solutions, una compañía cuyos socios son Alexis Weinberg y Samuel Weinberg.
Sin embargo, en los expedientes del Registro Público del Comercio no hay constancia de que Abdalá haya cedido o vendido sus acciones de B White S Suite a Sylvia Pinto Mazal o a W3 Solutions.
Depósitos a Abdalá duplican valor comercial de edificio
Un avalúo del edificio de Leibnitz 40 realizado en el año 2020 por la empresa SVI Ingeniería, Estudios y Avalúos S.C., fijó el valor comercial del inmueble en 29 millones de pesos, cifra muy inferior a los 4.5 millones de dólares que Julia Abdalá recibió de los Weinberg como pago por la supuesta venta que tuvo lugar en 2012.
Los Weinberg enviaron los 4.5 millones de dólares a Abdalá en doce transferencias que se realizaron entre julio de 2012 y mayo de 2017. En total, la empresaria y pareja de Manuel Bartlett recibió alrededor de 59.2 millones de pesos, tomando en cuenta el tipo de cambio promedio de cada uno de los años en los que se hicieron los depósitos.
Esta cifra duplica el valor de mercado de 29 millones de pesos que el inmueble tenía en 2020, ocho años después de la presunta operación de compraventa, cuando la plusvalía del edificio había incrementado.
Como lo reveló MCCI, los fondos que los Weinberg depositaron a Julia Abdalá provenían de las cuentas de Nunvav Inc en el Occidental Bank de Barbados, mismas que, según el propio gobierno mexicano, concentraban el dinero que fue malversado gracias a un entramado corrupto que les permitió obtener más de 630 millones de dólares en contratos con el extinto CISEN y con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) entre 2009 y 2018.
El pasado 23 de mayo, en una petición conjunta, la UIF y los Weinberg solicitaron a la jueza Luisa Walsh, quien llevaba el caso en Miami, desechar la demanda civil presentada por México en septiembre de 2021. Esto, debido a que los Weinberg están llegando a un acuerdo reparatorio con las autoridades mexicanas que les permitiría recibir un criterio de oportunidad de la Fiscalía General de la República y librar los cargos penales en su contra.
MCCI contactó a Julia Abdalá para solicitar su postura desde el jueves 3 de julio. A través de su empresa Digilogics, se le hizo llegar un cuestionario donde se le preguntó por qué la presunta operación de compraventa no se registró ante el Registro Público de la Propiedad.
También se le preguntó por qué los Weinberg le transfirieron alrededor de 59 millones de pesos entre 2012 y 2017 si el valor comercial del edificio era de 29 millones de pesos en 2020.
Abdalá respondió hoy, 8 de julio, a las 6:50 AM. En su respuesta, la empresaria y pareja del exdirector de la CFE señaló que ella “no enajenó el bien inmueble respectivo, sino lo que se llevó a cabo fue una operación de cesión a título oneroso (compraventa) de la parte social de la que la suscrita era titular de la empresa (B White S Suite S de RL de CV), que a su vez era propietaria del bien inmueble en cuestión”.
" …dicha enajenación (de acciones) no es susceptible de inscribirse en el Registro Público de la Propiedad”, precisó Abdalá.
Sin embargo, tampoco hay registro de dicha enajenación de acciones de la empresa B White S Suite S de RL de CV en el Registro Público del Comercio, como se mencionó anteriormente en este reportaje. Además, Abdalá omitió mencionar si la empresa contaba con otros activos (además del inmueble de Leibnitz 40) que justifiquen el monto que le fue transferido por los Weinberg.
Inmueble fue usado por los Weinberg como centro de operaciones
En su libro Los Millonarios de la Guerra, la periodista Peniley Ramírez reveló que el inmueble ubicado en Leibnitz 40 fue usado desde finales de 2011 como centro de operaciones de ICIT, empresa de los Weinberg.
De acuerdo con Ramírez, funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), entonces encabezada por Genaro García Luna, trabajaban de manera clandestina para ICIT y acudían a laborar al edificio de Leibnitz, desde donde se gestaba lo que los trabajadores conocían como “el Proyecto Secreto”.
En las entrañas del edificio, relata la periodista, se recabó información sobre personas físicas y morales usando NiceTrack, un programa de origen israelí que la Policía Federal, durante la gestión de García Luna, había comprado a los Weinberg por más de 69 millones de dólares.
Desde el inmueble ubicado en la colonia Anzures, ICIT también producía fichas personalizadas a sus clientes, las cuales contenían información relevante, y en ocasiones confidencial, sobre empresas con las que pensaban entablar relaciones de negocios.
Testimonios a los que tuvo acceso la periodista aseguran que Vanesa Pedraza, de quien MCCI documentó que era una de las funcionarias de la SSP más cercanas a García Luna y que también laboraba en las oficinas de ICIT, encabezó la destrucción de expedientes de contrataciones en las cárceles federales del país que podían constituir casos de corrupción. Entre ellas, las realizadas con Nunvav, la compañía de los Weinberg.
Respuesta de Julia Abdalá
Información fue publicada por: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
