Una de las pocas polémicas que han surgido el primer año de Administración municipal en Saltillo, como trienio 2025-2027, es aquella relacionada con la Alameda Zaragoza de la ciudad. El parque más importante del estado, para acabar pronto.
Justo es decirlo: las protestas e inconformidades expuestas en torno a una hipotética intervención del espacio público, a emprender por el Ayuntamiento, han sido nimias, cuasi simbólicas, de escasa convocatoria, y desinformadas.
El caso comenzó en marzo, cuando el exalcalde independiente de San Pedro Garza García, Miguel Treviño, fue recibido en Palacio de Gobierno para presentar una “propuesta preliminar de regeneración” a través de una plataforma (tanque de ideas, le llaman los modernitos) denominada “Aceleradora de ciudades” (coartada que inventó en 2021; los integrantes de la misma, por lo demás, se autodefinen como “líderes” y “visionarios”. Ahijoesú).
Un paréntesis, para contextualizar quién es él: a su salida del Municipio neoleonés, el 30 de septiembre de 2024, fueron revocados cinco proyectos insignia de Miguel Treviño, vetados contratos firmados por este después de la elección donde se eligió a su sucesor, el finado Mauricio Fernández Garza, y cancelados miles de trámites de aprovechamientos urbanos que suponían mayor densidad y altura en construcciones. Todo lo anterior, además, mediante consulta pública y mayoría de votos.
Ahora sí, volviendo al tema que nos ocupa, para la Alameda se mencionó entonces un “proyecto, aún en etapa de análisis, que combinaría inversión pública-privada”. Y aquí, sin querer, hemos llegado al quid de la cuestión: quién decide, y por qué, la ruta del desarrollo urbano en Saltillo, y quiénes se benefician de dicha decisión. Máxime cuando se mezclan intereses y recursos.
En septiembre, por ejemplo, los vecinos de enfrente, la familia Arizpe, como si tuviesen información privilegiada o de primera mano, convocaron a los medios de comunicación para informar -y que sirvan estos como caja de resonancia, evidentemente- que proyectan una “ambiciosa inversión” en un inmueble que otrora ocupaban como restaurante, además de otros comercios correlativos a éste, los cuales habían permanecido abandonados durante casi una década.
No se trata de cualquier hijo de vecina, sino los proveedores de alimentos más favorecidos por la Administración estatal en lo que va del sexenio. Aquellos que llevaron quesadillas de frijoles en contenedores al papa Francisco para una cena donde no asistió este, en el Vaticano, en diciembre pasado, y con derecho de picaporte vía la relación familiar con el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Gobierno estatal.
Ello sin contar que, como plutocracia saltillense, fungen como benefactores a su vez del negocio educativo privado de los Garza Fishburn (a la sazón secretario de Educación).
Otro vecino de enfrente, y por tanto beneficiario indirecto a su vez del “proyecto” Alameda, es regidor primero del Ayuntamiento de Saltillo.
En política no hay coincidencias.
Cortita y al pie
Ahora bien, el affaire con la Alameda exhibe, de entrada, que los problemas sociales en el Municipio son menores a comparación de otras capitales y ciudades de semejante población, y por tanto nuestros debates y controversias más álgidas, para dimensionar, recalan en torno al uso y destino de un parque, cuando en otros lares levantan cadáveres de sus calles.
Pero el caso -o mejor dicho, su nula trascendencia- evidencia también el desinterés y apatía comunitaria para participar en los asuntos públicos, por un lado, y por el otro un eficiente control político y mediático impuesto como agenda oficial a fin de lograr gobernabilidad, al apagar los visos de oposición.
Inclusive las tres opciones mencionadas para explicar el asunto coexisten al mismo tiempo como fenómeno que caracteriza la vida en El Valle de las Montañas Azules desde tiempos inmemoriales.
La última y nos vamos
Luego de las primeras manifestaciones y recolección de firmas, en agosto, el Municipio de Saltillo emitió cinco postulados, enunciativos, agrupados bajo el concepto “Conoce la verdad sobre nuestra Alameda”:
“No se talarán los árboles” (faltaba más; quién en su sano juicio propondría un ecocidio en la principal área verde del Centro Histórico).
“No se construirá una concha acústica” (ya existe una y prácticamente no se utiliza, en la calle Hidalgo Sur, a dos cuadras de la Catedral; por qué habría de duplicarse infraestructura urbana sin sentido).
“No se eliminará el área de juegos” (otra vez: faltaba más; por qué habrían de quitarlos cuando forman parte de la idiosincrasia saltillera dominical).
“No se hará proyecto sin la opinión pública” (como democracia participativa, es lo menos que esperaríamos de un Municipio que linda el millón de habitantes).
Y finalmente, “no habrá restaurante exclusivo” (este último punto es cuestionable, pues en realidad cualquier fonda o cocina económica, al ser propiedad privada, podría reservarse un derecho de admisión en función de su negocio, pese a ocupar un espacio público concesionado, lo cual ya constituye por sí mismo un uso “exclusivo”).
De acuerdo. Aunque conviene no quitar los ojos del tema.
