
La ignorancia es atrevida. En vísperas de arrancar el programa de transporte público Aquí Vamos Gratis, del Municipio de Saltillo, el diputado federal por Morena-PT-Verde, Antonio Lorenzo Castro Villarreal, quien representa el distrito 07 de la capital, grabó un video para publicitarse a su estilo en redes sociales: sentado para no cansarse y de fraseo corto para no sofocarse, cuyo argumento central (o berreo principal, según se vea) era una comparativa entre el costo de operación de los camiones durante los 15 meses del convenio, el cual absorberá el Ayuntamiento y suma 143.6 millones de pesos, y el Fobaproa, es decir, el rescate de la banca privada por el Estado Mexicano, el cual supone desembolsar 50 mil millones de pesos de presupuesto de la Federación al año (y a la fecha se han pagado 2 billones desde su aprobación, en 1999).
No sólo el asunto es desproporcionado y fuera de lugar la comparativa del legislador (quien acaba de tramitar su cédula profesional como licenciado en Economía por la UAdeC apenas en julio del presente 2025, a sus 30 años de edad).
Si a esas vamos, los 26 años que acumula el criticado Fobaproa (seis de los cuales han sido pagados por la 4T cuando antes de tomar el poder siempre se habían pronunciado por desconocer ese adeudo, justo es decirlo) equivalen a sólo la cuarta parte del endeudamiento que produjo al país el sexenio de Obrador: 7.2 billones de pesos de 2019 a 2024.
Más claro: el Obradorato cerró con el mayor monto de deuda pública desde que Hacienda tiene registro: 17.6 billones de pesos.
Como regalo final, la Ley de Ingresos de la Federación 2024 supuso un endeudamiento sin precedentes: un billón 990 mil millones de pesos. Dinero destinado no a inversiones productivas que posteriormente generen ingresos, sino al gasto corriente y otro tanto al “servicio de la deuda” ya existente. Es decir, pagar deuda con deuda.
Ahora bien, puestos a contrastar la gimnasia con la magnesia, existe otro boquete a las finanzas públicas de dimensiones cuánticas, ocurrido también en ese periodo; en este caso, con el sello de su Administración como autor intelectual: los impuestos que se dejaron de pagar por importación de combustibles (gasolina y principalmente diésel) de Estados Unidos, delito denominado coloquialmente “huachicol fiscal”.
En la glosa del Primer Informe de Gobierno de la Presidencia de la República, ante la Cámara de Diputados, la Procuradora Fiscal de la Federación estimó el jueves pasado en 600 mil millones de pesos el daño por dicho concepto.
El número se antoja lejano de la realidad a juzgar por los datos aportados por la propia Secretaría de Hacienda por separado en otro momento, y aquellos relativos a las exportaciones de barriles del vecino Gobierno a través de su Departamento de Energía, cotejados con las cantidades que registra la Secretaría de Energía de México. Existe un desfase importante. No cuadra, pues.
Aún así, dando por válida la cifra oficial que se reconoce, esta equivale a 17 veces la deuda pública de Coahuila que se contrajo en El Moreirato, satanizada durante una década por lo menos por los mismos que hoy hacen mutis en ese tema.
Con una diferencia: el saqueo mediante créditos bancarios en la entidad financió –entre otras cosas– infraestructura pública, en cambio la ganancia del “huachicol fiscal” es directamente bandidaje organizado.
Y si ya nos ponemos intensos al comparar, los 7.2 billones que sumó el Obradorato al endeudamiento nacional, representan 2 mil 57 veces los 35 mil millones de pesos que debe Coahuila desde 2011.
Si cada coahuilense debe 11 mil pesos por el sólo hecho de existir y habitar en la entidad, como mexicano debe 131 mil para dimensionar.
¿Por qué no es un escándalo?
Cortita y al pie
Naturalmente Gobierno federal tiene un límite crediticio superior al Gobierno de Coahuila, por tanto la comparación en sí no es el quid de la cuestión, sino los resultados. Ahí es donde estamos en penumbras. Todo se reduce a creer y confiar en los buenos propósitos de la “transformación”. Un acto de fe ciega.
Por el contrario, ríos de tinta han corrido acerca del endeudamiento de Coahuila que comenzó en 2009 y –si bien va– terminará en 2048.
Periodísticamente se podría decir que a la fecha todas las aristas del fenómeno han sido desarrolladas en tres lustros trascurridos. Desde la contratación con documentos falsos o las fortunas incautadas por el Departamento del Tesoro en Estados Unidos, hasta el papel que juegan los bancos en el negocio.
La última y nos vamos
Ninguna bandera o discurso en que basaron su presunto Movimiento de Regeneración Nacional se sostiene al día de hoy. En ningún rubro. Ni austeridad ni combate a la corrupción, ni endeudamiento.
Y a un año de terminar su sexenio federal, el legado a la historia patria se va mostrando con mayor claridad: el huachicol fiscal.