
Por: Luis Carlos Plata
En medio de una presunta redada de verano contra el huachicol físico y fiscal emprendida por la Presidencia de la República, la cual involucró decomisos históricos en Saltillo y Ramos Arizpe, cateos y clausura de gasolineras, encabezada por todas las autoridades federales uniformadas en la materia con el auxilio de la Policía Estatal de Coahuila, el sistema, poroso y permeable por excelencia, susceptible al efecto corruptor, ha vuelto a flaquear con miras a normalizar el fenómeno, siendo rebasado por una Hidra de múltiples cabezas.
El 18 de agosto la Comisión Nacional de Energía (CNE) expidió una lista de 51 nuevos permisos para expender petrolíferos en estaciones de servicio, por un periodo de 10 años.
Si bien la mayoría recayó en gasolineras ya establecidas, repartidas a lo largo de la República Mexicana, algunos títulos consideraron a nuevos jugadores en el mercado. Entre estos últimos, un par, con los folios CNE/PL/50/EXP/ES/2025 y CNE/PL/83/EXP/ES/2025 (en términos de la resolución CNE/RES/097/2025), corresponden a Coahuila. Específicamente uno para Monclova y otro para Ramos Arizpe.
Ambos a favor de la empresa Comercializadora Hidrolag, S.A. de C.V., sociedad mercantil constituida el 26 de septiembre de 2018 en Torreón, pero que cambió de dueños el 23 de junio de 2021 y tiene por socios a Ricardo Andrés Diez Arteaga y Alfredo Alejandro Caldera de los Reyes, de 42 y 41 años de edad respectivamente.
Si bien la sociedad tiene por objeto la compraventa de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, sus ‘dueños’ tienen otras actividades que distan del ramo gasolinero.
Diez Arteaga y Caldera de los Reyes, a su vez, comparten desde abril de 2024 acciones en la persona moral denominada Grupo Empresarial Emha, S.C. de P. y S. de R.L. de C.V., la cual había sido creada durante 2022 en Zapopan, Jalisco, pero cambió su domicilio a Saltillo con ellos, el año pasado.
Uno como dueño y otro como comisario, juntos figuran también como accionistas en Grupo Industrial Gima, S. de R.L. de C.V., “empresa” que data de enero 2022 con domicilio en Saltillo, creada en la Notaría 47 de Sergio Alberto Mier Elías (quien, como se recordará y ha sido publicado en este mismo espacio, ha participado en actos registrales relacionados con “El Mono” Muñoz, asunto que cobrará relevancia líneas más adelante).
El tándem de accionistas laguneros, asimismo, constituyó el 27 de septiembre de 2024, en la Notaría 131 de Saltillo, cuyo titular es Armando Javier Prado Flores, un par de razones sociales al mismo tiempo: Grupo Manjala, S. de R.L. de C.V., y Grupo Sin Cuenta de Vales, S.A. de C.V., de igual forma con domicilio social en la capital de Coahuila.
Las cuatro “empresas” mencionadas, por lo menos en documentos, corresponden a presuntas prestadoras de servicios fiscales, contables y administrativos en sentido amplio, dedicadas básicamente al manejo operacional de cualquier tipo de empresa. En los hechos, un negociador con todo tipo de facultades para vincularse con otras sociedades mercantiles en un abanico extenso de opciones de colaboración sin límite. Todólogas, pues.
Y aquí viene lo interesante. De una verificación física a las direcciones que fueron registradas ante la Comisión Nacional de Energía por Comercializadora Hidrolag, S.A. de C.V., para expender en Monclova y Ramos Arizpe, se pudo comprobar que las dos gasolineras funcionan bajo la misma nomenclatura del satanizado Cargo Gas, pese a no figurar en su listado de sucursales oficial.
Para entender el tema, un poco de contexto por orden cronológico.
El 22 de mayo fue detenido Juan Manuel “El Mono” Muñoz Luévano en Torreón.
El 28 de junio fueron asegurados 2 millones de litros de combustible, en un patio de maniobras en Saltillo.
El 2 de julio siete gasolineras de la franquicia Cargo Gas, ubicadas en la capital de Coahuila, fueron inspeccionadas.
El 7 de julio 15 millones de litros de hidrocarburos, transportados en 129 ferrotanques, fueron incautados en Ramos Arizpe.
El 10 de julio fue decomisado combustible en el Rancho Paola, en Arteaga, propiedad de Muñoz Luévano.
Y el 18 de agosto la CNE aprueba dos gasolineras más a Cargo Gas.
Cortita y al pie
El pasado 12 de marzo la misma CNE había autorizado un título al diputado local por el PT, Antonio Flores Guerra, bajo la razón social San Isidro Gasolineras, S.A de C.V., para una estación de servicio en Sabinas. Previamente, en 2024, le había sido autorizado uno más a “Tony”, el mayor beneficiario del sexenio Obradorista con contratos de la CFE por carbón, con el mismo fin: para una gasolinera en Múzquiz.
La última y nos vamos
Moraleja: el sistema no puede, o no quiere. Y Sheinbaum, hoy en Saltillo, lo sabe.