No logró hacer eco en la agenda pública, pero el informe anual del IMCO (acrónimo de la organización no gubernamental denominada Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.) presentado en junio pasado, se puede leer de diversas formas en función de las múltiples combinaciones que arrojan sus resultados, sin embargo hay uno significativo en el ámbito local: después de Campeche y Tabasco, Coahuila es el estado que más cayó en competitividad, de 2024 a 2025.
Y si a lo anterior agregamos otro dato: que somos el penúltimo lugar nacional en crecimiento del PIB de los últimos tres años, estimado en 0.1%, la ecuación está completa: la entidad atraviesa un proceso de desinflado lento.
En un año Coahuila pasó de competitividad muy alta, a media alta, considerando que ahora ocupa la séptima posición en el país.
No es para prender alertas, no obstante sí hay una tendencia a la baja.
Entre los descubrimientos que se pueden interpretar con base en el documento, denominado Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2025, la ponderada seguridad, baza del régimen estatal, aparece tal como es en realidad aunque no como la narrativa oficial difunde: sí, somos el segundo estado con menos homicidios y robos de vehículo (es decir, delitos de alto impacto), pero también lugar 20 en incidencia delictiva, o sea en la suma del resto de conductas antisociales del catálogo delictivo que no se perciben de manera general, sino que cada particular padece (y que incluso es mayor valorando que 87% del total no se denuncian). Ahí estamos mal, por debajo de la media nacional. Ojo.
Además de su plausible formalidad laboral y acceso a instituciones de salud, en algo que irónicamente Coahuila destaca por encima de todos, y significa esto positivo (por lo menos para el IMCO), es en el número de notarios por cada 100 mil habitantes. Ningún otro estado tiene tantos.
Hay además cuestiones insospechadas, en materia de trabajo específicamente. Un ejemplo es la “diferencia de informalidad laboral entre hombres y mujeres”, asociado con otros dos indicadores: “brecha de ingresos por género”, y “mujeres económicamente activas”.
En ese renglón Coahuila sale muy mal parado, ya que se trata de un fenómeno sostenido, no simplemente un caso aislado: ocupamos los lugares 30, 24 y 26 respectivamente.
La suma de factores dibuja un escenario desfavorable a las mujeres trabajadoras, en detrimento de sus intereses.
Como atribución directa para el Gobierno del Estado hay dos focos rojos: deuda pública (ninguna novedad desde 2010), y mejora regulatoria. Posición 31 de 32 en ambos apartados.
Somos una isla. Hay escaso turismo (sitio 18 de 32 en su aportación al PIB estatal) y el flujo de pasajeros aéreos es casi inexistente (lugar 25), de no ser por el Aeropuerto Sarabia de Torreón.
Cortita y al pie
Luego está la percepción ciudadana. En Coahuila la seguridad se califica generosamente (tercero nacional) y la corrupción estatal se valora condescendientemente (décimo) a comparación de otros estados.
Los números, por increíble que parezca, ayudan a entender nuestra idiosincrasia. Cito algunos para describir al coahuilense: tercero en PIB per cápita, octavo en grado de escolaridad, noveno en educación superior, y en viviendas con telefonía celular; séptimo en uso de banca móvil, décimo en acceso a internet.
No menos interesantes resultan dos más: posición 22 de 38 en heridos en accidentes de tránsito terrestre (lo cual dimensiona el problema), y uno todavía más revelador: 30 de 32 en “consulta de información de finanzas públicas”, o dicho de otra manera: porcentaje de población urbana de 18 años y más que ha buscado en internet en qué se aplica el presupuesto.
A muy pocos interesa la vida en común, pues.
La última y nos vamos
Qué pasó entonces. Cómo se explica, a nivel macroeconómico, que Coahuila se está desinflando poco a poco.
Es fácil: se reventó la burbuja del nearshoring gracias a una correlación de factores internacionales (actualmente la entidad ocupa la posición 23 en inversión extranjera directa, para dimensionar), y la deuda que sigue ahí hasta 2048, ésta sí bien inflada, vuelve a condicionar las finanzas públicas estatales a falta de nuevos proyectos (en especial para La Laguna), sin ejecutarse la prometida diversificación económica de la Carbonífera, y con la quiebra inducida de AHMSA en la Región Centro, entre otros asuntos de semejante responsabilidad federal, como el freno a las exportaciones de ganado.
Todo resta.
