Por: Luis Carlos Plata
Ha llovido bastante afortunadamente, con sus consecuencias obvias y previsibles, principalmente en el área urbana de los municipios de Coahuila.
Ahora bien, si debido a las afectaciones meteorológicas usted necesita un servicio de impermeabilización de los techos de su casa, ubicada en Nava, ¿traería un proveedor desde el estado de Colima, a mil 300 kilómetros de distancia, para realizarlo?
La naturaleza se multiplica gracias a las mismas lluvias abundantes y por lo mismo usted requiere que alguien deshierbe y quite la maleza de su propiedad, ubicada en el mismo Municipio de la Región Norte de la entidad.
¿Contrataría entonces para tal fin a una empresa de Tula, Hidalgo, a mil 150 kilómetros de camino?
Evidentemente no, aunque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sí lo ha hecho.
El mes pasado, con una diferencia de 24 horas entre uno y otro, fueron adjudicados contratos con esas características para las centrales termoeléctricas José López Portillo y Carbón II, a través de un proceso de licitación pública que no erradica -sino más bien legaliza- el desvío.
En ambos casos, no se trata de cuestiones técnicas o sofisticadas, como mantenimiento de maquinaria o adquisición de refacciones o químicos de trato especial, donde sí se necesita un especialista pues de lo contrario se podría provocar un mal mayor en las termoeléctricas (y al destaparse, ser notoria la corrupción y motivar una investigación, por lo demás).
La naturaleza de los servicios, en cambio, permite un trato diferenciado. Cualquiera podría realizar esas labores. No se necesita un doctorado para aplicar una cubeta de impermeabilizante con cepillo, o chapear a machete limpio un terreno.
El monto no es poco ni tampoco mucho: 4 millones 176 mil 889 pesos más IVA por la impermeabilización de azoteas, y 3 millones 481 mil 576 pesos más IVA por el deshierbe y retiro de maleza.
Un total de 7.5 millones más el impuesto, nada despreciables, por un trabajo que inclusive se pudo realizar o no, con quienes figuran en los documentos o no, y por el monto establecido, o no.
Al estilo 4T. Los beneficiarios de la cantidad mencionada son sociedades mercantiles de reciente creación, las cuales ostentan como socios a personas jóvenes que ninguna relación tienen con los supuestos negocios que realizan en su objeto social, como se pudo verificar.
Icemar, S.A. de C.V., la primera de ellas, tiene por domicilio la periferia de la capital de Colima, y fue constituida el 27 de marzo de 2023. En el papel, puede construir aeropuertos y gasoductos, vías férreas o carreteras.
Pero anda en Nava, vertiendo “imper” en los techos.
Por su parte Pruebas Eléctricas e Instrumentación Industrial, S.A. de C.V., el otro favorecido, fue creada el 8 de marzo de 2018 en una Notaría de Tula de Allende, Hidalgo, aunque registró una dirección en el Municipio de Atitalaquia, en el mismo estado, de alta marginación social. Lo mismo usa sus datos fiscales para obras marítimas y portuarias que para desarrollo de Telecomunicaciones.
Quién diría que ande en Nava, desbrozando a mano hierbita crecida.
Sin movimientos notariales más allá de su constitución como personas morales, inactivas las dos, sin el capital necesario como “empresas” para poder contratarse, se trata de todólogas en toda la regla. De las que facturan operaciones simuladas, como lo define el SAT.
Cortita y al pie
El quid de la cuestión es que mientras en Monclova y la Región Centro, a 200 kilómetros de distancia, priva el desempleo gracias a la quiebra provocada de AHMSA, por ejemplo, o la vecina Región Carbonífera jamás fue reconvertida en su actividad económica, como alguna vez se prometió en 2019 con el cambio de administración federal al Obradorismo (y resultó peor el remedio que la enfermedad, justo es decirlo), en lugar de contratar mano de obra local y destinar esos recursos a la economía local de aquellos lares, el organigrama de CFE opta por desviarlos mediante un esquema de contratación a todas luces fraudulento.
No son simples “gastos pendejos”, como podría pensar alguien.
La última y nos vamos
Se fue Bartlett de la CFE, sí, pero no la corrupción institucional.
