Coahuila es un eterno laboratorio electoral en un semidesierto con frontera internacional, donde la vida gira en torno a los automóviles y se consume cristal en la canasta básica.
Ha sido pionero, o por lo menos novedoso, en cambios a la legislación estatal en diferentes momentos históricos. Asuntos de paridad de género vertical, horizontal o transversal, sobrerrepresentación partidista, bloques de municipios considerados como un todo, grupos vulnerables, redistritaciones, periodos cuatrienales, porcentajes de apoyo irrisorios requeridos para constituir un partido, cada uno en su día, antes que cualquier otra entidad, han sido modificados al contentillo de las necesidades coyunturales del régimen estatal.
Si se necesita tensar la cuerda se tensa, si se necesita aflojar se afloja.
Acaso uno de los máximos logros para la causa del mismo régimen ha sido desincorporar la elección de diputados locales de otras en el mismo año. Diferenciarla. Que nunca se empate con las de Ayuntamientos que sí generan expectativas más allá del círculo rojo.
Al hacer esto los comicios provocan poco interés ciudadano, y entonces las estructuras partidistas, estas sí al pendiente del calendario, dominan el proceso electoral con su capacidad de organización y movilización que también es desmovilización indirectamente.
Justo es decirlo: a nadie interesa renovar el Congreso del Estado periódicamente. Ninguno se levanta por la mañana pensando en su representante popular, máxime cuando estos no manejan presupuesto más allá de su propia dieta y apoyos.
Para 2026 no será la excepción y de no suceder algo extraordinario, dos cambios importantes serán implementados.
Primero: el proceso electoral iniciará el 1 de diciembre de 2025, como anteriormente ocurría, y ya no hasta el 1 de enero de 2026 como se implantó a partir de 2021.
Lo anterior trae consigo una implicación: al adelantarse, se recorre también el periodo para formalizar alianzas y eventualmente presentar al árbitro electoral un convenio de coalición, circunstancia que obliga a tomar decisiones cupulares en momentos donde no todos los competidores están preparados. Eso afecta principalmente a los rijosos y desorganizados por naturaleza, en este caso Morena y PT.
En términos prácticos, los partidos deberán unirse dentro de los 15 días siguientes al inicio del proceso electoral. O sea el 16 de diciembre a más tardar. Cuando todo mundo está pensando en otra cosa.
Una segunda consecuencia, es que los periodos de precampaña se reducirán de 25 a 20 días, y las campañas oficiales disminuirán de 40 días a 30.
A nadie gusta la propaganda electoral ni el dispendio de las prerrogativas. Por consecuencia, menos días de proselitismo y menos gasto es una idea socialmente aprobada, pese a que no se sepa o comprenda el trasfondo de la jugada.
Es un gambito. Hay una estrategia detrás: menor exposición pública en general, supone una ventaja para quienes parten con un hándicap de visibilidad en la competencia. Dicho de otra forma: caras nuevas pierden ante políticos expuestos a reflectores previamente. Además, para mayor identificación a ‘los mismos de siempre’, en 2026 la boleta vendrá con fotografías a color.
Especialmente perjudicados se verán los dos nuevos partidos políticos locales, cuyo nombre y participación es irrelevante, en caso de aprobarse definitivamente su registro en la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral en próximos días y participar en la contienda.
Accesorias, pero igual de trascendentales, un par de reformas más fueron propuestas. Una para corregir la subrepresentación (en cuanto a la asignación de diputados locales por el principio de representación proporcional) y evitar que quien no gane distritos de mayoría, pero obtenga un porcentaje suficiente de votación válida emitida para obtener posiciones plurinominales, no logre más curules. Con dedicatoria para Morena. Aquí la impulsora fue la diputada local de UDC.
Y una más a fin de prohibir candidaturas a deudores alimentarios. Una ventana para inhabilitar derechos políticos de adversarios. Con los ojos puestos en el PT.
Cortita y al pie
Como sello de la casa, la propuesta central nunca nace de las filas del partido mayoritario ni de sus aliados o coaligados, quienes fungen sin embargo como receptores directos de sus beneficios. Por el contrario, siempre es un tercero interesado quien lo sugiere ‘oficiosamente’. Ajeno al poder pero cercano a este. Casi opositor en los hechos. Aquí la iniciativa madre fue presentada por el único legislador del Partido Verde, para que la cuña apriete: ese satélite de la 4T en el plano nacional que localmente sigue una directriz diferente, si bien UDC, PRI, PAN y PRD registraron a su vez otras reformas tentativas en la sesión del martes pasado.
La última y nos vamos
De todo lo anterior se requiere aprobación por lo menos 90 días antes del inicio del proceso electoral. Es decir, a más tardar en agosto se termina de planchar el tema.
Desde la irrupción de Morena en el tablero, el récord es 16 a 0 en 2020 y 16 a 0 en 2023.
Para 2026 no hay nada nuevo bajo el sol coahuilense: mientras unos van tendiendo la cama para sus adversarios, a otros les agarra durmiendo.
