Ciudad de México.- La periodista María Idalia Gómez aseguró en Aristegui en Vivo que el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, está siendo investigado por Estados Unidos por posibles vínculos con grupos criminales.
Durante su intervención en la mesa de análisis del pasado viernes, Gómez sostuvo que a las autoridades estadounidenses les “sorprendió” la forma en que se difundieron los avances de las investigaciones del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Lo anterior, por la publicación de fotos y datos del presunto autor material, un menor de edad que fue abatido en los hechos.
" Tal pareciera que quería perjudicar esa investigación, porque está dañando el debido proceso al dar información y publicar, y dar a conocer esa información y las fotos, y los datos puede dañar el debido proceso hasta sus últimas consecuencias de las personas que están involucradas”, dijo.
El pasado 6 de noviembre, la organización Tejiendo Redes Infancia denunció que la Fiscalía de Michoacán violó la ley al hacer pública la identidad y el rostro del adolescente de 17 años.
" Vemos con mucha preocupación el lamentable acto ilegal que realizó la Fiscalía de Michoacán […] al exhibir los restos humanos y la identidad de un niño víctima y perpetrador en el homicidio del alcalde Carlos Manzo; que es una expresión dolorosa de la niñez reclutada”, señaló en un comunicado.
Afirmó que la autoridad estatal incumplió la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), que establece la obligación de proteger la identidad de menores vinculados a un delito, ya sea como víctimas o presuntos perpetradores, a fin de evitar su identificación pública.
Esquema de seguridad ordenado por un juez
María Idalia Gómez explicó que Carlos Manzo contaba con 14 elementos de seguridad de la Guardia Nacional desde la campaña electoral, pero aclaró que no le fueron asignados por voluntad del Gobierno federal, sino debido a una orden judicial.
" Él tuvo que interponer ante un juez la solicitud de una medida cautelar para que se le hiciera un estudio de riesgo y se le otorgara la cantidad de elementos que eran necesarios para que, en su candidatura, pudiera trasladarse a diferentes puntos del municipio para poder hacer campaña”, señaló.
De acuerdo con la periodista, fue a partir de esa resolución judicial que se estableció la medida. “Ese era el nivel de inseguridad que tenía desde entonces, y permaneció porque no se los quitaron; y no porque prevaleciera la orden del juez, sino porque prevalecía la inseguridad en el caso de Manzo”, añadió.
Criticó además la falta de visión de las autoridades durante la campaña del entonces candidato, al señalar que hubo falta de “conciencia, de autoridad y de visión sobre lo que estaba ocurriendo a nivel de inseguridad, no solo en Michoacán, sino en muchas partes del país”.
Negociación con MC para candidatura al Gobierno de Michoacán
Gómez señaló que Manzo se perfilaba como candidato al gobierno de Michoacán, dado el resultado de varias encuestas que le daban “una ventaja muy alta sobre otras candidaturas que se hubieran dado para el gobierno de Michoacán”, dijo, “en las que variaba entre 15, 18, 20 y 22 puntos sobre el competidor más significativo”.
Según Gómez, el plan de Manzo y su movimiento -conocido como “del sombrero”- era lanzar su candidatura en marzo de 2026, en alianza con Movimiento Ciudadano (MC). “Estaba por lanzarse la candidatura al gobierno de Michoacán en marzo próximo, y esta candidatura por parte de su asociación independiente, iba a ser de la mano con Movimiento Ciudadano”, explicó.
" De ahí la pregunta de por qué estaba Luis Donaldo Colosio viajando, paseando por ahí. Ya había hablado con el presidente del partido, y se estaba preparando todo para que en marzo existiera esta candidatura”, apuntó.
Agregó: “No solo mataron, como se ha dicho, a un presidente municipal, sino a un perfilado candidato al gobierno de Michoacán, que ya estaba construyendo la candidatura, de manera seria y formal”.
En ese sentido, planteó la posibilidad de que los responsables del asesinato de Carlos Manzo hubieran conocido de antemano sus movimientos y planes políticos, debido a la vulnerabilidad de las comunicaciones en Michoacán.
" La hipótesis de que hubieran conocido todos los planes, no solo los movimientos que les permitieron acometer el crimen, sino también las posibilidades de que se volviera candidato”, afirmó.
Señaló que el gobierno de Estados Unidos ha advertido a México de este problema y recomendó el uso de radios certificados para impedir la intervención de los grupos criminales en las comunicaciones oficiales y privadas.
Gómez también relató el caso del secuestro y asesinato de un director de Bancomer en Michoacán, que llevaba las cuentas de los empresarios agrícolas más importantes de Michoacán.
" Fue secuestrado, su familia pagó el rescate, pero apareció un día antes de la muerte del presidente municipal de Uruapan: apareció muerto y torturado. Esta investigación también se le dejó al gobierno de Michoacán, y no ha dicho nada, ni se ha pronunciado menos el gobierno federal”.
" Aquí lo que ha pasado es que los empresarios tienen miedo, porque se ha dicho que en realidad fue secuestrado para decir cuántas cuentas tenían, cuánto dinero, para ahondar y profundizar en las extorsiones”, agregó la periodista.
Estados Unidos, afirmó, ha estimado que las extorsiones solo a los aguacateros alcanzan los 800 millones de dólares al año en 46 municipios michoacanos, lo que ella pudo corroborar a través de documentos oficiales.
Señaló que Estados Unidos considera que los grupos criminales se financian también con extorsiones al sector agropecuario, por lo que mantendrán restricciones a productos como carne y jitomate. “Es por eso que van a continuar con el bloqueo de la carne, porque también ven ahí la mano de grupos criminales, de empresas criminales vinculadas a empresarios. Van a continuar con el jitomate y probablemente con otros productos que se sumen a la lista por la participación y colaboración de los grupos criminales”.
María Idalia Gómez añadió que la reciente visita de Brooke Rollins, secretaria de Agricultura estadounidense, a México tuvo como objetivo analizar “cómo la agroindustria mexicana está financiando a los grupos criminales”, y no únicamente atender temas sanitarios como el gusano barrenador.
Según sus fuentes, tanto autoridades mexicanas como estadounidenses manejan la hipótesis de una conjunción “entre la política y los grupos criminales” en Michoacán, a partir de extorsiones y secuestros, y también “que pretenden que sus fincas, que producen otros productos, pasen como importadores legales a Estados Unidos, algo que no puede ser certificado fácilmente y que podría, como había dicho en el programa anterior, quitarle la autorización a varios de los productores, ya que podría impedir el trasiego legal y comercial del aguacate, del limón, como ya ha ocurrido con el jitomate”.
Con información de Aristegui Noticias
