El seguimiento a la Recomendación 12/2025 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), emitida tras las agresiones a activistas en la marcha del 8 de marzo de 2024, arroja noticias alentadoras respecto a las corporaciones de seguridad estatal. El documento acreditaba violaciones a derechos humanos por parte de agentes de la Fiscalía General del Estado y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), además de la policía municipal.
No obstante, la asamblea "Mujeres que Luchan por Mujeres" ha destacado la voluntad y la celeridad mostrada por las autoridades estatales. Según Sofía Díaz Lozano, vocera de la asamblea, las autoridades estatales actuaron con una notable cooperación y sin la resistencia observada en el ámbito municipal. Díaz Lozano enfatizó que estas corporaciones simplificaron el proceso al acatar de inmediato la resolución de la CDHEC.
"Ellos luego luego se les notificó y en el primer plazo aceptaron la recomendación. Mira, Fiscalía General del Estado aceptó la recomendación el 18 de agosto del 2025 . Lo que hace la Agencia de Investigación Criminal y a la Fiscalía es que ellos aceptaron la recomendación hace como un mes aproximadamente y ya iniciaron la investigación."
La vocera explicó que, si bien la carga de la recomendación para la Fiscalía y la AIC se limitaba a iniciar las investigaciones y sancionar a sus policías, el valor de su acción reside en la disposición. Mientras que el Ayuntamiento de Torreón, sobre quien recaen las obligaciones más pesadas, como la reparación del daño y la creación de un nuevo protocolo de manifestaciones, optó por la solicitud de prórrogas, las corporaciones estatales demostraron un compromiso inmediato con la justicia:
"Pero el ayuntamiento sí se puso muy acá, o sea, de hecho hay varios informes de Ganem, o sea, de Pepe Ganem siendo todavía secretario de ayuntamiento solicitando prórrogas. El ayuntamiento desde que la notificación de la recomendación se la pasó pidiendo prórrogas , cosa que ni fiscalía ni agencia de investigación criminal hicieron."
Con esta rápida aceptación y la apertura de investigaciones internas, la asamblea de mujeres celebra que la sanción a elementos de seguridad por la violación a derechos humanos se esté concretando en el ámbito estatal. La acción de la Fiscalía y la AIC sienta un precedente de cooperación institucional, demostrando que la voluntad para avanzar en la justicia, tras las agresiones a las víctimas del 8M, es posible sin dilataciones administrativas.
